El Consejo de Transparencia obliga al Gobierno a desclasificar los criterios técnicos y legales que impidieron activar la Ley de Seguridad Nacional durante la tragedia de la DANA en Valencia.
La gestión de la reciente catástrofe de la DANA en la Comunidad Valenciana entra en una fase de rendición de cuentas administrativa y ética. Según la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Expte. 2150/2024), el Ejecutivo de Pedro Sánchez dispone de un plazo de diez días para aportar la documentación que sustenta una de las decisiones más controvertidas de su mandato: la negativa a declarar la «situación de interés para la seguridad nacional» conforme a la Ley 36/2015.
El análisis de esta resolución no es solo una cuestión de pugna política, sino de responsabilidad moral ante el sufrimiento ajeno. La transparencia es, en este contexto, una forma de misericordia social que busca reparar el daño mediante la verdad.Los puntos clave que el Gobierno debe aclarar son:
- Informes Técnicos: Copia de los documentos que «desaconsejaron» la intervención directa del Estado bajo el mando único que permite la ley.
- Comunicaciones con la Generalitat: Registro de los ofrecimientos reales de medios estatales en las primeras 48 horas, periodo crítico para salvar vidas.
- Valoración del Riesgo: Por qué se descartó la «transversalidad» de las medidas cuando la dimensión de la tragedia ya era evidente.
Desde nuestro punto de vista editorial consideramos que la política debe ser una «forma altísima de caridad» que organiza la sociedad para que nadie quede excluido, especialmente en la vulnerabilidad extrema. La omisión, en términos jurídicos y humanos, puede ser tan dañina como la acción negligente. Si los informes solicitados no existen o son insuficientes, estaríamos ante una quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones que deben velar por su seguridad.
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