El acuerdo comercial con Sudamérica desata una crisis de credibilidad en la UE: si los estándares exigidos a los europeos son vitales, ¿por qué se permite importar productos que no los cumplen?
La firma del tratado con Mercosur ha destapado una contradicción que pone en jaque la honestidad de la política agraria común. Durante los últimos veinte años, la Unión Europea ha impuesto a sus agricultores y ganaderos una transformación radical, exigiendo inversiones millonarias para adaptar sus granjas y cultivos a normativas de seguridad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental extremadamente rigurosas.
Hoy, la pregunta que resuena en los campos de España, Francia o Italia, y debería hacerlo también en nuestras ciudades, es demoledora: ¿Para qué sirvió tanto sacrificio si ahora se abrirán las puertas a productos que ignoran esas mismas reglas?
¿Una estafa al productor local?
Muchos agricultores se sienten víctimas de un engaño institucional. Se les obligó a retirar fitosanitarios, a reducir densidades de ganado y a digitalizar cada proceso bajo la premisa de que «el modelo europeo debía ser la vanguardia de la calidad». Sin embargo, al permitir la entrada masiva de carne y grano de países donde se utilizan hormonas de crecimiento o pesticidas prohibidos en la UE, el mensaje que llega al sector primario es que sus inversiones solo sirvieron para sacarlos del mercado por precio, mientras la industria europea intercambia su supervivencia por la exportación de coches o servicios.
¿Peligro en el estante del supermercado?
La paradoja se extiende al consumidor. Si la UE prohibió ciertas sustancias por considerarlas perjudiciales para la salud pública o el medio ambiente, ¿cómo se justifica ahora que esos mismos componentes puedan volver a las mesas europeas «disfrazados» de importación barata? Aquí entramos en un terreno de grave irresponsabilidad ética. O bien las normas europeas eran excesivas y han servido para asfixiar innecesariamente al campo propio, o bien se está poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos en favor de un equilibrio geopolítico con el bloque sudamericano. En ambos casos, el bien común sale derrotado frente al interés mercantilista.
El juicio de la conciencia y la ley
Desde la Doctrina Social de la Iglesia, la justicia exige que las cargas sean compartidas y que la verdad prevalezca. No se puede pedir un «consumo responsable» si las instituciones fomentan activamente la competencia desleal. La soberanía alimentaria es, en última instancia, la capacidad de un pueblo para decidir qué come y bajo qué valores se produce.
El hecho de que el Parlamento Europeo haya elevado el tratado al Tribunal de Justicia de la UE no es solo una maniobra legal; es el síntoma de una crisis de conciencia en el corazón de Europa. Como bien señalaba un portavoz agrario esta semana: «Si lo que producimos aquí es salud, lo que viene de fuera sin controles es, como mínimo, una hipocresía».
Fuentes: Informe del COPA-COGECA, Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE), Reuters, Análisis de Seguridad Alimentaria de la EFSA.
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