El rechazo parlamentario al decreto del Gobierno deja en el aire la subida de las pensiones para 2026. Un bloqueo nacido de la insistencia del Ejecutivo en mezclar derechos sociales con medidas ideológicas.
El bienestar de nuestros mayores nunca debería ser moneda de cambio, ni mucho menos un escudo humano tras el cual esconder medidas de dudosa aceptación social. Sin embargo, ayer martes, el Congreso de los Diputados fue escenario de un desenlace anunciado: la caída del llamado decreto «ómnibus», una amalgama legislativa que el Gobierno pretendió aprobar en bloque, forzando a la oposición a elegir entre subir las pensiones o validar políticas que, a juicio de muchos, atentan contra la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Una ingeniería legislativa irresponsable
Desde la perspectiva de la ética política, la responsabilidad de este fracaso recae directamente en quien diseña la norma. Mezclar la revalorización del 2,7% de las pensiones (una medida de justicia y necesidad para 10 millones de ciudadanos) con la prórroga de la suspensión de desahucios (pactada con Bildu y rechazada frontalmente por el bloque de la oposición) es un ejercicio de cinismo político.
Como bien enseña la Doctrina Social de la Iglesia, la autoridad política debe buscar siempre el bien común. Instrumentar una subida salarial o de pensiones para «colar» medidas que no gozan de consenso no solo es ineficaz, sino que erosiona la confianza en las instituciones.
Los rostros detrás de los datos
Tras la fría votación parlamentaria se encuentran familias que contaban con ese incremento para paliar la inflación de los últimos años.
- Pensión mínima: Se preveía un aumento de hasta el 11% en las no contributivas, ahora en suspenso.
- Agravio comparativo: Mientras el decreto de pensiones caía, otro decreto sobre ayudas al transporte sí salía adelante gracias a que el Gobierno aceptó tramitarlo de forma independiente. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los pensionistas?
Crítica con Misericordia: Un paso atrás para dar dos adelante
Es imperativo que el Gobierno abandone la soberbia del «todo o nada». El Consejo de Ministros tiene hoy mismo la facultad de aprobar un nuevo Real Decreto Ley dedicado exclusivamente a las pensiones. Si lo hace con urgencia, la nómina de febrero aún podría reflejar la subida.
«La política es la forma más alta de caridad», decía Pío XI. Pero no hay caridad en usar a los abuelos como rehenes de una negociación parlamentaria. Es hora de que el Ejecutivo demuestre si su prioridad es el blindaje ideológico de sus socios o la dignidad de quienes han trabajado toda su vida para construir este país.
Fuentes: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), Notas de prensa del Ministerio de Seguridad Social.
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